El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón al comité de empresa del personal docente e investigador laboral de la Universidad de Sevilla y al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que interpuso un recurso contra los servicios mínimos del 100% impuestos por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a petición de la Universidad de Sevilla durante la huelga de Ayudante Doctor y Contratado Doctor Interino para pedir la promoción automática del personal ya acreditado, sin participar en una convocatoria pública.

La sentencia, susceptible de recurso de casación, señala que los servicios mínimos planteados por la Universidad para garantizar la celebración de exámenes fueron "desproporcionados" y "no justificados". El TSJA establece que el juicio de proporcionalidad realizado por la Administración (que insistió en que para la realización de los exámenes deberían atender estos servicios "los profesores indispensables", es decir, todos aquellos responsables de las asignaturas y departamentos correspondientes) carece de "los criterios de ponderación necesarios para su establecimiento y vulneran claramente el derecho de huelga". Esto ha llevado al SAT a pedir la dimisión del rector, Miguel Ángel Castro, "por vulnerar el derecho de huelga de la plantilla".

La Hispalense, por su parte, manifestó ayer que la sede académica, "como cualquier empresa o institución", tiene la "obligación" de, ante una convocatoria de huelga, solicitar a la autoridad competente que determine los servicios mínimos al respecto. La Junta, "el órgano competente", emitió los servicios mínimos y la Hispalense los aplicó, indicaron desde la universidad, que al no ser parte del proceso no tiene detalles concretos de la resolución judicial.