Unos días antes de que ETA asesinara en su consulta al coronel médico Antonio Muñoz-Cariñanos, la Policía de Sevilla rastreaba todos los pisos que se habían alquilado recientemente en la ciudad. Los agentes, de paisano, visitaban todas las comunidades de vecinos en busca del presidente de cada una de ellas. Se hacían pasar por vendedores de cualquier compañía de suministro -gas, electricidad, agua...- y preguntaban al presidente de la comunidad si se había alquilado algún piso en el bloque y habían entrado nuevos inquilinos. Sólo cuando éste sospechaba porque preguntaban demasiado, los agentes se identificaban como policías y recordaban al entrevistado su obligación de mantener la boca cerrada.

Los grupos de investigación apenas se dedicaron a otra cosa aquellos primeros días de octubre de 2000. Peinaron toda la zona comprendida entre la calle José Laguillo -donde dos años antes se había desmantelado el primer comando Andalucía, el que había matado al concejal Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García Ortiz, el 30 de enero de 1998 en la calle Don Remondo- y la Macarena. Sospechaban que la banda tenía infraestructura en la capital andaluza, sobre todo después de que los Tedax desactivaran tres fiambreras bomba colocadas en los coches de otros tantos militares destinados en la capital andaluza. Uno de ellos llegó a viajar con el explosivo en el asiento de su coche hasta Chipiona, donde oyó un ruido extraño y se percató del paquete sospechoso. Las fiambreras llevaban inscritos los nombres de los etarras muertos el verano anterior en Bilbao, cuando estalló el coche cargado de explosivos en el que circulaban.

En aquel vehículo murieron cuatro terroristas y en Sevilla -y en Chipiona- sólo se habían encontrado tres fiambreras. La Policía desactivó o explosionó de manera controlada los artefactos colocados en un vehículo ubicado en la calle Urbión, en Nervión, y otro que estaba aparcado en el almacén de Intendencia de Capitanía General. Era el 9 de octubre de 2000, el mismo día que la banda asesinaba al fiscal jefe de la Audiencia de Granada, Luis Portero. Quedaría todavía una cuarta bomba con un cuarto nombre, que cerrara ese macabro homenaje que ETA pretendía rendir a sus muertos. Pero aquel explosivo no se hallaría, y se desactivaría, hasta una semana después en la plaza del Martinete, en el Polígono de San Pablo. Era el 16 de octubre. Aquella tarde, dos pistoleros mataron en su consulta de la calle Jesús del Gran Poder al coronel médico Antonio Muñoz-Cariñanos.

Una fuente policial que participó activamente en la lucha contra los etarras aquel otoño asegura que Sevilla siempre fue objetivo de ETA, porque la mayoría de acciones que intentaron en la capital andaluza no les salieron bien. Ninguna de las cuatro fiambreras explotó, como tampoco lo hizo la furgoneta-bomba con la que pretendieron volar, a finales de aquel mismo año, la Tesorería General de la Seguridad Social. ETA cometió en Sevilla tres atentados con víctimas mortales, pero los terroristas siempre terminaron siendo capturados. La colaboración ciudadana fue clave para atrapar a los asesinos tras el atentado. Uno de ellos se entregó tras verse rodeado y el otro se dio a la fuga tras ser alcanzado en un hombro por un disparo de la Policía. Horas después intentó robar una moto a una pareja de jóvenes y la resistencia de éstos fue clave para alertar de la presencia del etarra.

La fijación de ETA por Sevilla viene de largo. En 1990 la banda intentó volar la Jefatura Superior de Policía, ubicada entonces en la Gavidia, en un atentado que habría supuesto una matanza indiscriminada al estilo de las de las casas cuartel de Vic y Zaragoza o la del Hipercor de Barcelona. La suerte se alió entonces con la ciudad. El 2 de abril de 1990, seis días antes del Domingo de Ramos, la Guardia Civil había montado un control preventivo en Santiponce. Era algo absolutamente rutinario. La Policía y la Guardia Civil llevaban tiempo realizando estos controles, más que nada para ir acostrumbrando a los ciudadanos a los que llegarían después con la celebración de la Expo 92. Ni siquiera el control se iba a colocar en Santiponce, sino en Las Pajanosas.

Henri Parot, el terrorista que viajaba a Sevilla en un Renault 14 cargado con 320 kilos de amonal, se puso nervioso. Intentó huir y la Guardia Civil accionó la trampa para pincharle las ruedas. Al año siguiente, los terroristas conseguirían su propósito. El 28 de junio de 1991, ETA envió un paquete bomba a la prisión de Sevilla-I, entonces ubicada en la Ranilla, de donde un año antes la Policía había abortado una fuga de presos de la banda. La explosión causó la muerte a cuatro personas: los reclusos Donato Calzada García y Jesús Sánchez Lozano, el funcionario Manuel Pérez Ortega y un hombre que se encontraba visitando a un familiar, Raimundo Pérez. Otras sesenta personas sufrieron heridas de diversa consideración.

Era la época de los atentados indiscriminados. Sólo un mes antes había sido el de Vic. A mediados de los noventa, la banda cambió de estrategia y pasó a las acciones puntuales. Durante la Feria de Abril de 1997, un paquete bomba hirió de gravedad a José Manuel Zambrano, un albañil que trabajaba en la construccción en un edificio situado en la calle Arroyo, cerca de la estación de Santa Justa. Menos de un año después, el 30 de enero de 1998, dos pistoleros asesinaban a tiros a Alberto Jiménez Becerril y a Ascensión García Ortiz, cuando regresaban a su casa tras departir con unos amigos en un bar de Argote de Molina.

ETA anunciaría una tregua en septiembre de 1998 pero retomaría la violencia a finales del año siguiente. El tercer y último atentado mortal de la banda en Sevilla fue el de Cariñanos. Un balance de siete muertos y más de sesenta heridos en los más de cuarenta años de terror. A ellos hay que sumarles una importante cifra de muertos y heridos en atentados ocurridos en el País Vasco. Muchos de aquellos guardias civiles, policías y militares destinados en Euskadi eran andaluces.