IU en Espartinas ha llevado a la Fiscalía al gobierno local de Cs (ahora de no adscritos) y a los distintos ediles que han estado al frente del mismo, José María Fernández y Olga Hervás, como alcaldes, y a Iván Gómez, como alcalde accidental, por incumplir de forma sistemática los distintos acuerdos aprobados en el Pleno y, específicamente, los que hacen referencia a la rebaja progresiva del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) hasta 0,5, el gravamen que se aplicaba antes de 2012 y de la subida al 0,7134 que se aprobó en la última etapa del PP, que implicó un encarecimiento de hasta el 80% de los recibos, que fue muy contestada en el municipio.

Según recoge en la denuncia registrada en Fiscalía el pasado martes y a la que ha tenido acceso este diario, considera que ello podía constituir un delito de “prevaricación administrativa por omisión” y otro de dejación de funciones, teniendo en cuenta el “gran perjuicio económico” que ha supuesto “para los contribuyentes afectados por este impuesto y para el pueblo de Espartinas en su globalidad”.

El escrito está firmado por el actual concejal de IU en Espartinas, Juan Antonio Rodríguez, y el coordinador local, José María Calado, que ha sido confirmado por la agrupación como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales del 26 de mayo, y otros dos vecinos. En el mismo se recuerdan los numerosos acuerdos aprobados por mayoría en el Pleno en ese sentido.

Se cita el del 23 de julio de 2015, promovido por la federación, que fue aprobado con los votos del PP, el PSOE e IU para que el impuesto se rebajara de cara a los presupuestos de 2016. Ese año, en noviembre de 2016, hubo un nuevo acuerdo plenario, con el voto en contra de Cs, para una rebaja hasta el 0,59 para 2017, que tampoco fue ejecutada.

El 21 de septiembre de 2017 hubo una moción conjunta de IU y el PSOE en la misma línea, la aplicación de un gravamen del 0,50 para 2018. En junio del año pasado, IU llevó otra propuesta, en la que pedía que se elaboraran los respectivos informes para llevar a efecto esos acuerdos plenarios, que en todos los casos el gobierno local no ejecutó.

"Labor obstructiva contraria a derecho"

El abogado que ha elaborado la denuncia, Francisco Tejado, recuerda que varias veces IU se ha interesado por escrito en el Ayuntamiento por estos acuerdos y ha reclamado que se cumplan. Así, considera que se ha producido una “labor obstructiva, contraria a derecho” y con suficiente entidad como para constituir un delito de prevaricación.

Así, los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía porque IU entiende que es un asunto de “interés general” de los ciudadanos de Espartinas y que debe ser tutelado por el Ministerio público.

En cuanto a los argumentos de que la reducción del IBI implicaría nuevos planes de ajuste y el incumplimiento de la Ley de Estabilidad que ha aducido el gobierno local para no llevaros a efecto, el abogado recuerda que esos acuerdos de Pleno no han sido recurridos y los considera firmes.