Leopoldo Roa Orúe, letrado de la Administración de Justicia, se ha jubilado después de 41 años en los que ha pasado de la máquina de escribir Olivetti y las copias en papel cebolla a la tecnología y el “papel cero”. En esta entrevista afirma los gobiernos nacional y autonómico no han hecho nada por la Justicia porque “a los políticos no les interesa que la Justicia funcione”. Se va con la frustración de  no haber podido hacer frente la sobrecarga de trabajo pues deja 1.517 recursos pendientes en su Sección Quinta de la Audiencia en lugar de un número “razonable” de 300 o 400.

— Usted empezó su carrera profesional en Marchena, donde entonces se investigaba el quíntuple crimen del cortijo de Los Galindos.

En julio de 1977 tomé posesión de mi primer destino como secretario del juzgado número 1 de Marchena, donde era juez Antonio Moreno Andrade. El caso de Los Galindos se reabrió en distintas ocasiones y yo personalmente traje el sumario a Sevilla cada vez que se revocaba el archivo y se ordenaban nuevas diligencias.

Finalmente, por desgracia, el delito prescribió y el quíntuple asesinato quedó aclarar ni juzgar.

En enero de 1980 me trasladé al juzgado 1 Huelva, donde entonces solo había dos juzgados. El compañero del número 2  fue destinado a Sevilla y yo estuve 11 meses de guardia permanente como único secretario judicial para todos los trámites y levantamientos de cadáveres.

En el plano civil, mi juzgado dictó el auto declarando la suspensión de pagos de Astilleros de Huelva, que entonces presentaba un pasivo de más de 1.200 millones de pesetas.

—En 1982 llegó a Sevilla y trabajó ocho años con el juez Antonio Gil Merino

Fui trasladado al juzgado número 4, que era entonces el peor que había en Sevilla. Tenía algo así como 2.500 diligencias previas por incoar, que llevaba el juez  personalmente, y a mí me encargó las ejecutorias penales, de las que había unas 800 pendientes. El juzgado se puso al día y dio un cambio espectacular en ocho o diez meses. Luego se crearon juzgados nuevos, yo estrené el número 11 pero poco tiempo después volví al 10, donde estaba Antonio Gil Merino, porque profesionalmente me entendía muy bien con él.

“La Ciudad de la Justicia de Sevilla es una quimera”

— Se jubila después de 41 años de trabajo y 28 en la Sección Quinta de la Audiencia, ¿cómo ha evolucionado la Justicia?

Se han hecho algunos avances en materia de tecnologías, comunicación a procuradores o firma electrónica. Piense que yo conocí las máquinas de escribir Olivetti, donde los testimonios se hacían en papel cebolla para entregar copias a todos los procuradores. Al principio no había ni fotocopiadoras.

En ese aspecto ha habido un gran cambio y supongo que irá a más hasta suprimir el soporte papel en el futuro. Pero en lo demás se ha avanzado muy poco, por ejemplo en sedes judiciales. La Ciudad de la Justicia de Sevilla es una quimera, yo no la he conocido ni lo harán mis compañeros a los que les quedan 10 años de trabajo. Por eso me jubilo con una sensación de frustración, de ver que en el tema de recursos humanos y  medios materiales, los sucesivos gobiernos de la nación y los autonómicos no han hecho nada. 

He visto que la maquinaria judicial ha ido funcionando gracias al esfuerzo de los que intervenimos en ella, desde los jueces hasta los funcionarios. Todos hemos hecho funciones que no nos correspondían. He visto a los jueces hacer notificaciones, yo mismo he puesto muchos autos y providencias sobre todo en materia de ejecución civil. Gracias a la buena voluntad y el esfuerzo de todos se ha conseguido que esto no se colapsara del todo.

“No hay voluntad política de que la independencia judicial sea real”

— ¿Por qué existe ese abandono?

Porque a los políticos no les interesa que funcione la Justicia, siempre ha sido la Cenicienta. En los Presupuestos del Estado la partida presupuestaria de Justicia siempre está entre las más bajas. No hay una voluntad política de tener una Justicia bien dotada para que la independencia judicial sea algo real y se vea que el Estado de Derecho funciona.

Hay escasez de jueces, tienen una carga de trabajo que es una barbaridad y los letrados de la Administración de Justicia tenemos una plantilla todavía más exigua ahora que además dictamos decretos y resolvemos más  cuestiones procesales.

— ¿La falta de medios es más llamativa ahora que cuando usted empezó?

Sí, porque la litigiosidad ha aumentado en un 500 por cien, la vida española se ha judicializado hasta un extremo insospechado, ahora todo pasa por los juzgados.

— En estos 41 años habrá tenido anécdota de todo tipo…

He vivido cosas curiosas, como el detenido que declaró al juez que su profesión era ser rentista. Antonio Gil Merino, que era un juez muy garantista como todos los progresistas, me envió una vez a dar fe de la detención por la Policía de un académico acusado de certificar en falso la autenticidad de unos valiosos cuadros.

"En Los Galindos falló el sistema"

— Por qué quedó impune el crimen de Los Galindos?

Hubo un fallo del sistema procesal, como ocurre a veces. El juzgado de Marchena estaba vacante en el momento en que sucedieron los hechos y el juez sustituto, que era el titular de Carmona, estaba de vacaciones. Era en julio de 1975 y no se conseguía localizar a un fiscal en Sevilla. Cuando el aparato judicial se puso en marcha ya habían pasado 48 o 72 horas.

Mi impresión es que se acudió tarde y eso complicó mucho las cosas. En estos casos la inmediatez es fundamental. Pasó igual con el lamentable caso de Marta del Castillo, que sirvió para cambiar el protocolo de desaparición de menores. Ahora se activa en cuanto se llama a la Policía.

 — ¿Qué sintió al cerrar el último día la puerta de su despacho?

Una sensación de frustración por este volumen de papel tan enorme que tenemos. Me hubiera gustado que la última estadística de mi sala, en vez de 1.517 recursos pendientes, hubiera quedado en un número razonable de 300, como mucho 400 asuntos. Pero eso no depende solo de mí, sino de muchos factores.

A nivel personal, me voy satisfecho de haber hecho las cosas como mejor he sabido y de haber tenido siempre la puerta de mi despacho abierta a los abogados, procuradores y particulares.

— ¿A que atribuye la polémica entre su sala y el Tribunal Supremo en torno a las cláusulas suelo?

Esa confusión está propiciada por unos vaivenes en la doctrina del Tribunal Supremo que yo nunca había visto, y mira que llevo años en esta profesión. Ha habido un giro importante en la interpretación de la Ley Hipotecaria, ha sido un cambio de criterio enorme que tiene una gran repercusión a nivel económico del país y de la banca porque está suponiendo unas indemnizaciones tremendas.

Es la primera vez que he visto que el Tribunal Supremo no se ponga de acuerdo para resolver una cosa de tanta repercusión económica a nivel nacional.