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Juan Antonio Morales

Presidente de Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe

¡Es desregular el urbanismo, idiota!

La sociedad demanda regulaciones complejas para mantener vivas las ciudades

El primer y casi único objetivo de la política urbanística (del presente y del anterior Gobierno de la Junta) es la "simplificación normativa", la "agilización", o eufemismos similares. No nos engañemos, remedando al político americano, ¡es desregular, idiota!

La ley urbanística de Andalucía tiene 226 artículos; el Reglamento de Planeamiento, 168... y se tratan muchas normas sectoriales (patrimonio, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, aguas, ruidos, energía, etcétera). Sin duda es complejo (trata de conciliar usos e intereses muy diversos), para eso hay cualificados juristas y técnicos. El código civil tiene 1.976 artículos; el penal, 619; la Ley de Enjuiciamiento Civil, 828; la de enjuiciamiento criminal, 999; la de lo contencioso administrativo, 139, etcétera. Y un procedimiento judicial puede tener que aplicar cualquier disposición de todo el ordenamiento jurídico, miles. Si es por el número de normas parece más complejo, pero no oímos al gremio judicial quejarse por ello.

Los procedimientos urbanísticos, sin duda, se pueden agilizar más de lo que ya se ha hecho. Por ejemplo, la modificación en 2012 de la ley urbanística (ventanilla única e informes exprés en tres meses) ha permitido que el Plan General de Jaén, una ciudad de tamaño medio, se tramitase desde la aprobación inicial a la definitiva en dos años escasos, mucho menos de lo que ha tardado el TSJA en anularlo.

No obstante, agilizar reduciendo plazos tiene un límite fijado por los recursos empleados y la naturaleza de los trámites. Se pueden superar restricciones presupuestarias y simplificar procesos, pero no procurar los medios adecuados o suprimir trámites es desregular.

La agilización vía cesión de competencias a los ayuntamientos, además de una irresponsable renuncia a ejercer las competencias propias autonómicas (dando alas a los que no desean las autonomías), es otra forma de desregular. Por ejemplo, es aberrante que la Junta de Andalucía, para ejercer la disciplina urbanística en asuntos de su competencia, ceda la iniciativa al alcalde, propiciando así el incumplimiento por la obvia proximidad al administrado.

No obstante, hemos sido capaces de construir más viviendas por año que Francia, Alemania e Italia juntas (hasta conseguir la devastación económica final en forma de eclosión de la mayor burbuja inmobiliaria conocida en nuestro país) y hay una exuberante cantidad de suelo urbanizable y de viviendas vacías. No parece que tengamos un urbanismo que se pueda calificar de retardador.

La sociedad demanda regulaciones cada vez más complejas para mantener vivas las ciudades en asuntos como movilidad, inundabilidad, suministro de agua y saneamiento, calidad ambiental, paisaje, etcétera. La desregulación es un retroceso cuando hablamos de cómo organizamos la ciudad moderna; una orientación contraria a un urbanismo para todos, más sostenible, en ciudades más habitables que surjan de unos debates más transparentes y democráticos.

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