La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes la segunda sesión del juicio a Julio Mateos, el tesorero de la junta de compensación creada para recaudar fondos de vecinos de un barrio de Almensilla (el Sector F) para legalizar esos terrenos y conocido como el Dioni de esa localidad porque se apropió de ese dinero y después huyó al extranjero, en concreto a la República Dominicana. Y en ese país es donde quería montar una envasadora de aceite similar a la que ya poseía en el Aljarafe y que estaba siendo investigada por un presunto fraude vinculado a la adulteración del producto. Según la Policía Nacional, el acusado se apropió de los fondos de centenares de parcelistas de Almensilla precisamente para financiar ese proyecto empresarial.

Ha sido una de las conclusiones más destacadas de una jornada en la que han comparecido como testigos el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que dirigió la investigación y el secretario de los numerosos atestados que se elaboraron durante años. El primero de ellos ha estado declarando durante dos horas y también ha indicado que Mateos, "para tener contentos" a varios vecinos, les perdonó "derramas" o deudas que mantenían con la propia junta de compensación. Otra operativa vinculada a esa circunstancia fue el pago de determinadas cantidades que esos parcelistas en cuestión, proveedores de la junta, aportaban más tarde a ese organismo como parte de las cuotas que abonaban todos pero que cobraban por "trabajos ficticios" que en realidad no habían prestado.

La relación de Mateos con el negocio aceitero ha estado presente desde el principio del interrogatorio. El inspector, de hecho, ha explicado que él trabajaba en la unidad contra el blanqueo y que estaba investigando "una trama de aceite adulterado" en la que "el principal acusado" era el propio Mateos. "Entonces se produjo la famosa desaparición [la fuga al Caribe] y la denuncia [de los parcelistas] nos fue traspasada", ha recordado.

Esa "trama" consistía en que Mateos "montó una envasadora" y su finalidad era producir "una mezcla de aceites que no se pueden comercializar en España pero sí en el extranjero". "El objetivo era exportar a República Dominicana. Entendemos que la mayoría de ese dinero [del que se apropió en el Sector F] era para montar otra envasadora en ese país", ha explicado.

Preguntado por el motivo de su fuga a la otra punta del mundo, el inspector ha sido franco y ha reconocido que no podía determinarla. "Lo que le atribuimos es que se apropió del dinero y no podía dar una explicación a los parcelistas. Creo que el contenido del correo electrónico [que envió a las víctimas justo antes de huir] era bastante sincero", ha comentado.

En cuanto al desarrollo de la investigación, el testigo ha narrado que comprobaron que "había muchas salidas de dinero que se correspondían con facturas o cheques sin reflejo en la contabilidad" de la junta de compensación. Después, tanto él como su compañero han incidido en que la inmensa mayoría de las operaciones se realizaban a través de cheques al portador (cuyo rastro es más difícil de seguir) o nominativos.

"Nos llamó muchísimo la atención. La operativa con cheques era regular cuando ese sistema ya entonces empezaba a desaparecer", ha destacado el inspector. "Creo que casi no hubo transferencias. El 98 o 99% de lo que salió [de la junta] fue por cheques", ha calculado el secretario.

Muchos de esos cheques, según la Policía, fueron cobrados por otro de los acusados, Juan Carlos Navarro, un auditor cuya mujer (ya fallecida) trabajaba en un bufete a cuyo nombre se libraron bastante de los fondos supuestamente defraudados, Torrens Abogados. Este encausado "abonaba el dinero a un supuesto proveedor que cobraba el cheque e inmediatamente ingresaba el dinero o lo transfería a Asema", esto es, Asesoría Mairena, una empresa propiedad de Mateos. "Nos dijo que cobraba los cheques para pagar fundamentalmente a empresas de movimiento de tierras, albañilería... Cotejamos los cheques y comprobamos que no era así", ha replicado el inspector.

"Hubo muchos cobros de Torrens por trabajos de asesoría legal, pero recibió 1,28 millones de euros y nos parece excesivo. El auditor abonaba a Torrens, Torrens cobraba y el dinero volvía a Asema", ha insistido el testigo, que ha hablado de "un vínculo mercantil bastante intenso" entre los dos procesados, que por ejemplo coincidieron en hasta seis sociedades distintas. De hecho, Navarro "aparece en muchas ocasiones en la trama del aceite", ha apuntado.

"Esa relación de confianza permitió que Mateos se sirviera de Navarro para cobrar cheques nominativos, como persona física o como apoderado de Torrens. Este no tenía ninguna capacidad para librar cheques, era un instrumento para que Mateos se apropiase de los fondos y por el camino también se quedaba con dinero", ha detallado.

"Asema, aunque no aparece Julio Mateos, es Julio Mateos. Está a nombre de su hijo y su yerno, pero él era la figura que estaba detrás. Incluso recibió pagos procedentes de su hijo", ha proseguido el investigador, cuya "conclusión final" fue que el principal encausado "libraba cheques al portador que cobraba él mismo u otras personas de su entorno", sobre todo el auditor, y que siempre acababan en Asema. "Detectamos que hubo muchos pagos de Torrens a Asema", ha apostillado.

Otro mecanismo de la presunta apropiación, que la pasada semana ya fue reconocida como tal por el Dioni de Almensilla, era lo que el inspector ha definido como "tener contentos" a algunos vecinos del Sector F a cambio de "perdonar deudas". "Hubo una posible compensación de derramas a cambio de trabajos falsos a determinados parcelistas. Algunos recibían una cantidad y después aportaban esa misma cantidad a la junta", ha reiterado. Esas cantidades oscilaban entre los 22.000 y los 84.000 euros.

En este mismo sentido, el segundo testigo ha corroborado que "pudiera ser que proveedores de la junta eran parcelistas y posiblemente algunas derramas pudieran realizarse con servicios a la junta". Eso sí, eran "posibles trabajos ficticios que fuesen abonados".

El tercer acusado es Ismael Perea, entonces presidente de la junta de compensación además de concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Almensilla. Según el inspector, este procesado también cobró varios cheques, "todos al portador", que por los estatutos de la junta "tendrían que haber tenido dos firmas, pero no se hizo". Su compañero en la investigación ha corroborado ese dato y ha agregado que no tenía constancia de que ese dinero fuese a Asema. "Era otro mecanismo para apropiarse del dinero", ha confirmado el responsable de la UDEF.