Pablo Campos Castillo, un cooperante sevillano de 29 años, va a ser juzgado el 20 de abril en Grecia por un presunto tráfico ilegal de personas al recoger en su coche a una familia palestina que hacía auto-stop. Se enfrenta a una posible condena de 40 años de cárcel (10 años por cada miembro de la familia: los padres y sus dos hijos).

Pablo relata a este periódico la pesadilla vivida cuando fue detenido, estuvo tres días sin conocer sus derechos, pasó casi un mes en un Centro de Extranjeros y fue deportado “del calabozo al aeropuerto, dejando allí mi casa, mi pareja, mi gato y sin poder despedirme de mis amigos”. Lo que más le duele es “el mal trato que recibí y que nadie pagará por ello”.

Llevaba cuatro años en Grecia y colaboraba en campos de refugiados, donde ni sus responsables ni la Policía y militares que los gestionan le habían advertido de la ley griega que sanciona recoger a refugiados.

Ocurrió el 9 de diciembre de 2018, cuando Pablo regresaba a Tesalónica con su novia griega, Dimitra, tras visitar unas termas. Era una noche de invierno con frío y lluvia y vio a una familia en el arcén haciendo señales de socorro. “Paré sin pensarlo dos veces. No les pedí sus papeles porque querían ir a Tesalónica y yo tenía sitio en mi furgoneta”, explica.

En un peaje de la carretera les detuvo un control policial, donde él y su novia fueron acusados de tráfico de personas y trasladados a una Comisaría. Les tiraron al suelo, les quitaron los móviles y les cachearon “de arriba a abajo mientras nos llamaban mafiosos y traficantes”.

Luego fue trasladado a un centro de internamiento de extranjeros, donde recuerda que en un espacio de 8 metros cuadrados se agolpaban él y 12 albaneses, kurdos y paquistaníes, con el aseo dentro y sin ningún tipo de intimidad.

El primer día no comió para poder llamar por teléfono

Las autoridades daban a cada detenido 5,83 euros al día con los que podían comprar una tarjeta de teléfono o encargar el almuerzo a un bar, a razón de 3 euros por comida. El primer día Pablo no comió, compró una tarjeta telefónica y pidió a un amigo que le buscara un abogado.

Mientras tanto -relata Pablo- una fiscal les entrevistó a él y su novia, reconoció que la detención había sido un error y pidió la libertad sin cargos para los dos. También el relato de la familia palestina concordaba con su versión de como les recogió en la carretera.

Pero siguió casi un mes en el centro de internamiento, se puso en marcha un proceso de deportación y el 25 de diciembre le expulsaron con prohibición de volver a Grecia durante 5 años. Entre tanto hizo una huelga de hambre “que no sirvió para nada” y le apoyaron 250 personas de la Facultad de Bellas Artes de Atenas donde estudiaba su novia.

Volvió a casa de sus padres en Sevilla, donde le costó cinco meses recuperarse del choque emocional que había sufrido. Finalmente se trasladó a las proximidades de Limoges (Francia), donde ahora trabaja con un amigo especializado en restaurar autocaravanas de los años 80.

Cuenta que su batalla legal le ha costado unos 10.000 euros, con pequeñas victorias como haber anulado la orden de deportación y haber podido volver hace unos meses a Grecia para ver a Dimitra.