No hay más que darse una vuelta por el real y preguntar. Durante los días previos a la noche del pescaito siempre se encontrará a una persona que conoce a otra cuya caseta este año está disponible para el que quiera, lo que permite a los interesados saltar por encima de plazos y largas listas de espera. Algo fuera de la legalidad vigente, pero una práctica común. Existe un mercado negro de casetas en la Feria de Abril. En las últimas dos décadas se han detectado muchas operaciones.

La ordenanza municipal que regula la semana de farolillos mejoró hace más de diez años la regulación del sistema de adjudicación de las casetas a particulares y entidades con el objetivo de dotarlo de mayor transparencia y seguridad jurídica, y reducir los trámites administrativos. Lo imposible es que esa normativa acabe con una práctica de difícil control por parte del Ayuntamiento mediante la cual se ha llegado a pagar hasta 60.000 euros por el disfrute de una caseta toda la semana.

El artículo 14 de esa normativa prohíbe expresamente la transmisión de licencias, ya sea de manera gratuita o mediante venta o alquiler a alguien que no sea el titular de la misma. Lo que se traduce en que sólo están facultados para montar y disfrutar de la caseta los legítimos socios a los que el Ayuntamiento ha concedido la licencia. El incumplimiento de la prohibición se considera una infracción muy grave penada en el régimen sancionador con multas económicas que llegan a los 3.000 euros y hasta la pérdida de la licencia.

En los últimos años ha aparecido un tipo de traspaso que deja a Fiestas Mayores con las manos atadas. La operación la gestiona el casetero, que es el hostelero que explota el bar de la caseta que se va a alquilar. El modus operandi es el siguiente: el titular renueva la concesión anual y negocia con el también conocido como repostero un canon de explotación. A partir de ahí, este hostelero la realquila, por lo que no consta transacción económica directa entre el propietario de la licencia y el arrendatario, aunque estos pagos se suelen realizar en dinero negro.

Este procedimiento se ha extendido por el real y actualmente hay varias personas que se dedican, desde meses antes del comienzo de la Feria, al alquiler de casetas. Los inspectores están al tanto, pero no pueden tomar medidas, ya que cuando llegan a las casetas, el responsable del bar les entrega toda la documentación alegando que el titular no ha venido ese día y exponen el contrato de explotación firmado, lo que oficialmente acredita que la gestión de la caseta ha sido llevada a cabo por la persona que tiene la licencia y no por un tercero.

Los arrendamientos directos se detectaban comprobando que quien había contratado al casetero no era el titular, sino el inquilino con el que había acordado previamente el traspaso. Este servicio suele ofrecerse a quienes han perdido la suya, empresas que no tienen casetas y a particulares e instituciones que se encuentran en la lista de espera.

El montaje de algunas casetas aún no había comenzado esta semana.

Cualquier trabajador que estos días se afana en dar los últimos toques a la ciudad efímera te pone en contacto con alguien que conoce a los titulares de alguna caseta que, por motivos fundamentalmente económicos, este año busca a quien ceder la explotación de la caseta, ya montada y lista para su disfrute. Nadie quiere dar su nombre ni hablar más de la cuenta.

El Ayuntamiento tiene un equipo de inspectores desde hace algunos años que trabaja expresamente para perseguir estos arrendamientos, ya que los titulares de estas casetas obtienen un beneficio económico traspasando una concesión pública. Pero la picaresca ha encontrado ese limbo legal que permite dar estos pases sin que la administración pueda denunciarlos.

“Todo el mundo sabe que ese fenómeno no es nuevo”, asegura uno de esos intermediarios que no quiere revelar su identidad. “No es que sea fácil ni que ocurra con muchas casetas, pero todos los años hay por ahí alguna que, con el dinero por delante, cambia de manos”, relata. Esta misma semana le ha llamado un millonario mexicano dispuesto a ofrecerle 100.000 euros por el servicio completo, alquiler y comida.

Uno de los casos más comunes es la caseta con pocos propietarios que ya cuentan con otra en la Feria, por lo que realquilan la suya. De esta práctica no quedan exentas hermandades de penitencia y rocieras. Hay otras fórmulas curiosas, como la venta de pases por día. “¿Quieres ser el socio de una caseta por unos días? Precio negociable: individual, pareja, familia o grupo”, se puede leer estos días en un conocido portal de internet.

El criterio de adjudicación de las casetas es la antigüedad de la solicitud. Para la concesión de una licencia hay que renovar la solicitud anualmente y esperar a que corra el turno en función de las licencias que cada año se quedan sin renovar. El tiempo medio de espera es de veinte ocho años.

“La mayoría de las pérdidas de las licencias se producen porque el encargado de renovar la licencia se olvida de hacerlo o lo hace fuera de plazo”, apuntan fuentes municipales. Para la presente edición de la Feria hay un caso muy sonado por el que Fiestas Mayores ha recibido dos reclamaciones tras el reparto de sus cinco módulos. Se trata de la caseta perdida por el Partido Socialista entre los números 79 y 87 de la calle Antonio Bienvenida. El primer solicitante denunció que uno de los titulares que han logrado una caseta familiar no pertenece a esa tipología. El segundo peticionario pidió el retroceso en la adjudicación al entender que no se ha tenido en cuenta el orden de antigüedad.

Colocación de farolillos en el interior de una caseta.