El juicio por el presunto desfalco cometido por tres acusados con los fondos aportados por los parcelistas del Sector F de Almensilla para urbanizar esa barriada del pueblo del Aljarafe contó ayer con la comparecencia del arquitecto que participó en los proyectos iniciales para la zona y que también contribuyó a la redacción de los estatutos de la junta de compensación, a la que después pertenecieron dos de los encausados: el tesorero Julio Mateos, conocido con el sobrenombre de Dioni de Almensilla porque, al igual que aquel ladrón que atracó un furgón blindado y después se fugó a Brasil, se apropió de varios millones de euros y se fugó a la República Dominicana (lo confesó él mismo); y el entonces concejal socialista Ismael Perea, que era el presidente de la junta. El testigo fue claro y rotundo: la entrada de ambos en el organismo que gestionaba los ingresos de los vecinos supuso un antes y un después. A peor, obviamente.

“Hasta 2008, el control económico y financiero era total. No se escapaba nada”, aseveró Fermín Redondo, que en aquellos primeros años ayudaba al primer presidente de la junta, Rafael Rodríguez Nogales. También detalló que los estatutos marcaban que los cheques debían tener una firma mancomunada. Es decir, que debían llevar la estampa del presidente y el tesorero. Según la Fiscalía, así ocurrió al principio pero no en una segunda fase, ya con ambos procesados en la nueva junta. Y así lo recordó el arquitecto: “En 2008 [año en el que Mateos ya era el tesorero] empezaron a faltar extractos del banco y nos empezaron a retirar facultades”, dijo en alusión a la junta de delegados, que era el órgano que decidía todo. “Fueron el tesorero y el presidente”, añadió cuando una de las acusaciones le preguntó quién lo apartó de esas gestiones. “El cambio fue progresivo, cada vez iban faltando más cosas”, sentenció. Al poco tiempo cesó en su puesto.

Como consecuencia de lo que ocurrió después, la paralización de las obras de urbanización fue casi total. Según el arquitecto, hasta 2009 estaba hecha “prácticamente el 50% de la instalación básica”. A partir de ahí, casi nada. Así lo atestiguó Agripina Cabello, que fue alcaldesa entre 2015 (el año en que se destapó el escándalo) y 2023 por el PSOE. “Desde que fui elegida no ha habido obras”, reconoció la también testigo, que fue la representante municipal en la junta de compensación durante su primer año en el cargo. Después delegó en un asesor “más técnico”.

“Cualquier vecino sabía que había malestar en la urbanización desde hacía tiempo. Hubo manifestaciones, también en mi mandato. En 2015, la obra llevaba tanto tiempo parada que era muy difícil que se pudiera aprovechar lo que se había hecho. Había que cambiar muchas cosas”, reconoció.

“Si él decía que yo era del Betis, yo era del Betis”

Dos testigos, curiosamente de la Fiscalía, dejaron ayer sendos alegatos favorables al principal acusado, el conocido como Dioni de Almensilla, aunque lógicamente nadie lo llama así en el juicio y siempre se lo cita por su nombre, Julio Mateos Palacios. Uno de esos testimonios fue el de la abogada que trabajó en su gestoría fiscal Asema (Asesoría Mairena), sociedad también bajo sospecha. Esta testigo explicó que había trabajado para Mateos “recién salida” de la carrera y que por tanto era un referente para ella. “Parece mi padre. Yo soy del Sevilla, pero si Julio me decía que era del Betis, yo era del Betis”, llegó a decir. También fue cuestionada por 57.000 euros que facturó a la junta de compensación y respondió que se los dio a Mateos.

El segundo testigo en esa misma línea fue un parcelista del Sector F, propietario de una empresa de electricidad que fue contratada por la junta de compensación. “El ambiente siempre estuvo caldeado, no había buen rollo”, dijo en alusión a las asambleas de los que vivían allí. “Se perdía el respeto muchas veces y se acusaba a Julio de que se llevaba el dinero. A mí siempre me han pagado y me han respetado y jamás me pidieron una factura sin IVA. El comportamiento de Julio e Ismael siempre fue correcto”, aseguró.