Actualmente estamos viviendo en una época donde todos los males históricos, por acción y por omisión, de la Administración de Justicia confluyen y encuentran un hábitat perfecto para provocar una PANDEMIA DEL SISTEMA JUDICIAL, carente de criterios rectores de eficacia y fruto de las presiones y el “abuso” de las tensiones entre el poder judicial y el poder ejecutivo, que nunca ha dado como fruto una verdadera y real apuesta por la Administración de Justicia como pilar básico de nuestra Democracia.

Porque si con la crisis del Covid-19 nos hemos dado cuenta de que nuestro sistema sanitario tiene carencias organizativas y técnicas, no es menos cierto que a partir de ahora se va a hacer visible lo que los profesionales venimos sufriendo durante décadas en relación con el sistema y medidas organizativas de la Administración de Justicia, que no va a poder dar una respuesta eficaz y adecuada en tiempo y forma a la litigiosidad venidera dimanante de los múltiples o innumerables conflictos generados en nuestra sociedad a día de hoy (despidos, ERTES, reclamaciones salariales, incumplimientos de obligaciones bilaterales, problemas de impagos y sobreendeudamiento, arrendamientos urbanos y ejecuciones hipotecarias, crisis familiares derivadas de regímenes de visitas incumplidos, impagos de pensiones alimenticias, patria potestad, sucesiones y herencias, insolvencia sobrevenidas de autónomos y pymes, situaciones pre y concursales, multas y sanciones administrativas por las limitaciones a la movilidad durante el estado de alarma y vulneración de derechos fundamentales).

Tras la diáspora normativa durante el estado de alarma, con sus innumerables cambios normativos, rectificaciones y lagunas de coherencia integral de las normas a aplicar, con la consiguiente inseguridad jurídica presente y futura, vino la habilitación parcial del mes de agosto para plazos procesales y sustantivos, que ha sido un fracaso absoluto en su finalidad de agilizar los juzgados y tribunales ya colapsados antes de esta crisis del Covid-19, pues además de vulnerar el derecho al descanso y a la desconexión de los profesionales (abogados y procuradores), y del tan renombrado derecho a la conciliación familiar, ha resultado ineficaz por su descoordinación y las medidas aisladas que en nada han ayudado a los justiciables.

Con la frustración para los que trabajamos a diario y tenemos que vencer las prácticas consolidadas de una forma de organizar y administrar justicia carente de eficacia y sin ningún impulso real de modernización por parte de la propia administración, pues la des-organización de la Administración de Justicia española es la única forma que nuestros dirigentes han proporcionado a los ciudadanos, sin que se vea la luz al final del túnel, y sin que sirva de excusa o parapeto la tan renombrada crisis del Covid-19 que pueda amparar tantos años y años de abandono a uno de los pilares de la democracia, y tampoco exista la esperanza de cambio con las ayudas europeas Covid-19 pues de los miles de millones venideros por ningún lado aparece dentro de los destinos la palabra Justicia.

Un Estado democrático de Derecho exige que la Administración de Justicia funcione, que sea eficaz y efectiva, y por ello la Justicia debe ser una materia a la que la clase política, olvidando intereses partidistas, debe destinar sus máximos esfuerzos, aportando las soluciones que requieren los ciudadanos y propuestas de mejora que permanezcan más allá de quien esté en la toma de decisiones gubernamentales para ofrecer un servicio público cercano y accesible con los medios humanos y técnicos suficientes.

Como demanda la sociedad civil y los distintos operadores jurídicos, es urgente e inaplazable una reforma real en la Administración de Justicia, que viene estando caracterizada sobre todo por la demora en la tramitación, el colapso por la sobrecarga de trabajo y la escasez de medios, lo que la hace absolutamente ineficaz para cumplir sus fines y genera la frustración de las expectativas de los ciudadanos, quienes confían en ella para resolver sus controversias, pero que ven como continuamente se vulnera su derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

Una JUSTICIA tardía es menos Justicia.