Desde el advenimiento de la democracia a nuestro país todos los partidos políticos han incorporado sucesivamente en sus respectivos programas de gobierno distintas propuestas de reforma para la modernización de la Administración de Justicia, pues no en vano el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho recogido en los principales instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Sin embargo, no parece que las distintas reformas emprendidas hayan conseguido paliar conocidos hándicaps de nuestro tradicional sistema de justicia ante los tribunales, fundamentalmente, su lentitud, y hasta cierto punto, su incapacidad para colmar los legítimos anhelos de justicia de quienes acuden a ellos.

En ese sentido, la implementación definitiva en nuestro país de ciertos medios alternativos a la solución de conflictos (los conocidos como ADR, abreviatura en inglés de “alternative dispute resolution”), sin duda alguna podría contribuir a una notable mejora de nuestro sistema, sobre todo a la luz de los resultados obtenidos con ellos en otros países del mundo occidental. Y es que la efectiva introducción de estos ADR, bien sea de forma previa al proceso judicial o de forma auxiliar a él, puede ser una de las piezas clave en el proceso de modernización de la justicia en España, ya que sin duda alguna contribuiría no sólo a la disminución del número de procesos ante los tribunales ordinarios, sino también a lograr una mayor eficiencia en la resolución de los conflictos.

Ahora bien, la efectiva implantación de los ADR exige además de ambiciosas y valientes reformas legislativas, un cambio mentalidad colectiva (y no sólo de los denominados operadores jurídicos, sino también de los ciudadanos en general) en torno a la tradicional concepción de la Justicia en nuestro país, esto es, un importante esfuerzo en visualizar que otras disciplinas no estrictamente jurídicas pueden dar igual (o incluso mejor) respuesta a determinado tipo de conflictos, que la que con las actuales leyes procesales y sustantivas, los tribunales ordinarios pueden ofrecer a las partes.

Esta es la senda que pretende iniciar la nueva Junta de Andalucía con la puesta en marcha en todas sus capitales de provincia (además de en la localidad de Marbella en la Costa del Sol y la de Algeciras en el Campo de Gibraltar) de los puntos de información, promoción y difusión de la mediación en Andalucía (en adelante PIMAs). Un servicio público gratuito destinado a dar a conocer y facilitar el acceso de todos los andaluces a un medio alternativo a la solución de sus conflictos cual es la mediación.

De este modo, frente a experiencias pasadas, donde pese al alumbramiento de ciertas leyes de carácter parcial y limitado (como ocurrió con la mediación familiar), no hubo un verdadero proyecto claramente liderado por nuestra administración autonómica, quien se valió de “entes interpuestos” que a la postre se revelaron totalmente ineficaces para la consecución del fin, habida cuenta de sus reducidas facultades (caso de la hoy extinta Fundación MEDIARA), la puesta en marcha de los PIMAs tiene una clara vocación general y un carácter público inconfundible como servicio directamente gestionado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a la que desde el mes de agosto del año pasado se ha atribuido específica competencia para promoción e impulso de actuaciones tendentes a la implantación, desarrollo y divulgación de la mediación y de otros sistemas para la resolución de conflictos que no estén específicamente atribuidos a otros órganos.

Así pues, por primera vez se está dando un paso firme y decidido a nivel institucional para la puesta en marcha de la mediación en Andalucía, sólo el trascurso del tiempo nos permitirá analizar con seriedad el mayor o menor éxito de este proyecto, pero lo que resulta innegable es que los ADR han irrumpido en nuestra sociedad y lo han hecho para quedarse, y los ciudadanos, y más aún las instituciones, no podemos cerrarnos a esta realidad.

Francisco Ontiveros

Director General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía