Desde SPJ-USO, hace tiempo que venimos siguiendo la valiente iniciativa de un joven abogado sevillano, que denunció la intolerable tardanza en el señalamiento de un juicio por parte de un juzgado de lo Social de Sevilla, motivado por la gran carga de trabajo que soportan los juzgados de esta castigada jurisdicción en la capital andaluza.

Tras múltiples recursos, dicho abogado recurrió en amparo ante el Tribunal Constitucional, que admitió el recurso y, finalmente, tras un dictamen fiscal favorable, dictó sentencia el pasado día 10 de Octubre, la cual nos ha dejado un sabor de boca más bien agridulce, porque se limita a ordenar al juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla que se proceda a efectuar un nuevo señalamiento que resulte respetuoso con el derecho fundamental lesionado a un proceso judicial sin dilaciones indebidas.

Sin embargo, dicho Tribunal no entra en modo alguno a analizar la raíz del problema: el por qué tantísimos juzgados y tribunales en nuestro país, y en concreto en Andalucía, están tan sobrecargados de trabajo, una realidad cuya causa no es otra que la enorme falta de medios personales en general y, muy especialmente, de jueces, situación que aqueja de forma crónica a nuestra Administración de Justicia y que impide que se pueda ofrecer una justicia de calidad en un tiempo razonable.

Y es que España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea (y sin embargo el doble de abogados). En concreto, 12 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 21. Así lo pone de manifiesto la Comisión Europea en el cuadro de indicadores de 2018 y también la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia.

Este déficit de personal también es extensible al resto de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, pues cada juez requiere de un personal adjunto que realice los señalamiento de los juicios, colabore en la realización de las pruebas e instrucción previa y, posteriormente, que ejecute la sentencia dictada. Pues bien, partiendo de estas carencias y teniendo en cuenta que por el Consejo General del Poder Judicial se fijan unos módulo ideales de trabajo, que en los Juzgados Sociales están en torno a las 40 sentencias al mes, un módulo más que razonable para poder dictar unas sentencias con un mínimo de calidad, algo que requiere en muchas ocasiones el estudio de cientos de folios, documentos y escritos, ello da como resultado que, ante la gran cantidad de demandas que se presentan, los señalamiento de los juicios previos a las sentencias se demoren años, más de cuatro en el caso de los Juzgados Sociales de Sevilla, y sin embargo la solución que propone el Tribunal Constitucional es simplemente adelantar esos señalamientos, con lo cual, y si no se aumenta el número de jueces y personal adjunto (de juzgados en definitiva), la conclusión es que han de realizarse más juicios y poner muchas más sentencias al mes de las ideales y razonables.

A modo de ejemplo y a “bote pronto”, con el actual número de jueces de lo Social que hay en Sevilla, para que el señalamiento del juicio se pudiera realizar en un plazo máximo de un año, cada juzgado debería señalar y dictar más de 120 sentencias al mes, lo cual supone que el juez ha de dictar más de 4 sentencias por día, algo que es sencillamente imposible para ningún juez, por muy preparado que esté, pues ni un juzgado es una churrería, ni el juez un churrero, ni las sentencias son churros.

Por ello insistimos en que la sentencia del Tribunal Constitucional se nos queda muy corta y solo apunta al pecado, pero no al pecador, y no pone el foco ni da una llamada de atención a los únicos responsables de esta falta crónica de medios personales que aqueja a la Administración de Justicia, y que en definitiva y en primer lugar son el Ministerio de Justicia y los sucesivos gobiernos de turno, sin olvidar tampoco al C.G.P.J. o a las Comunidades Autónomas con competencias compartidas, de las que depende la gestión del personal auxiliar de la Administración de Justicia, personal que soporta, en el caso de Andalucía, la mayor carga de trabajo por funcionario de todo el Estado, y cuya labor rara vez es reconocida.

Desde SPJ-USO, creemos que se ha de exigir al poder político que tome nota y repare el derecho de los ciudadanos a un proceso sin dilaciones indebidas, aumentando las inversiones en la administración de justicia, el número de los jueces y funcionarios, y un nuevo modelo de oficina judicial con fundamentos y organización distintos al fracasado intento que se diseñó con la Ley de reforma LOPJ en 2003, y que tras 20 años ha demostrado su insuficiencia e inadecuación absoluta al servicio judicial que exigen los derechos fundamentales de los ciudadanos/as