Podemos hablar de la tauromaquia como una parte indisoluble de nuestra cultura en España y en Andalucía, donde la tradición está íntimamente relacionada con el universo taurino, más allá de nuestras plazas emblemáticas. O podemos hablar de cómo enraíza en nuestra sociedad a través del lenguaje y en la sabiduría popular. El mundo del toro se relaciona con la valentía, con la belleza, con la magia. Nadie puede discutir que se trata de un ritual ancestral que provoca múltiples emociones y generación tras generación se han dejado atrapar por su influjo, empezando por intelectuales y artistas que encontraron y siguen encontrando inspiración en el ruedo. De Goya a Picasso, de Lorca a Hemingway, Bizet u Ortega y Gasset son innumerables los nombres ilustres a los que el enigma del toro ha causado una profunda conmoción, dejando testimonios para la posteridad. Y son muchos más, miles y miles, los aficionados anónimos que con su fervor han mantenido viva la Fiesta a lo largo de los siglos, llenando las plazas y sorteando toda clase de vicisitudes a las que se ha enfrentado en su historia.
La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, un galardón incorporado en el año 2011 a los que el Ministerio de Cultura entrega en distintas disciplinas artísticas, es uno más de esos ataques, de mayor gravedad por proceder de una institución entre cuyas obligaciones se encuentra la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles, así como tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones. Las leyes hay que cumplirlas, independientemente de que coincidan con la ideología de cada uno. Esto debería saberlo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que como miembro del Gobierno de España debe asumir como propias las leyes actualmente vigentes y promover activamente su cumplimiento.
El artículo 5 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, establece que como actividad artística y cultural requiere de protección, tutela y fomento por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Una ley que, como reflejo de la sociedad, contempla también las diferentes sensibilidades, considerándola una manifestación artística en sí misma desvinculada de ideologías en la que se resaltan valores profundamente humanos como puedan ser la inteligencia, el valor, la estética y el raciocinio como forma de control de la fuerza bruta. La ley también es consciente de la diversidad de la sociedad española, pero destaca el consenso existente en la aceptación mayoritaria del carácter cultural, histórico y tradicional de la tauromaquia como parte esencial del patrimonio cultural y etnográfico de España. Como tal, es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la libertad del creador y, en este caso, del desarrollo de cualquier expresión artística y el respeto hacia ella. En esa línea, la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz creó el año pasado los Premios Andalucía de la Tauromaquia para contribuir a la difusión, defensa, promoción y divulgación de la cultura taurina.
Porque la Junta de Andalucía sí ha entendido que los poderes públicos tienen la obligación de velar por la convivencia de nuestra sociedad, donde tengan cabida todas las expresiones y tradiciones que conforman nuestra riqueza cultural, dejando a un lado los intereses personales de sus representantes políticos. La incorporación de las competencias estatales de la tauromaquia a Cultura en 2011 fue un acierto que refuerza el componente artístico de la fiesta de los toros y los espectáculos taurinos, como algo vivo y dinámico, sujeto a constante evolución. No se entiende, en ningún caso, el revés de la supresión unilateral del Premio Nacional, un ataque no solo al mundo del toro y lo que representa, como identidad cultural de España y Andalucía, sino que supone, además, un ataque a la libertad creativa. La decisión ha provocado una oleada de adhesiones a la tauromaquia, a la que por supuesto me uno, y que debe hacer reflexionar al Gobierno de España para rectificar porque, de persistir en su decisión, estaría incurriendo en un incumplimiento de la Ley a sabiendas, con una resolución injusta que atenta contra la libertad de todos los españoles.
