ALGUIEN está asesorando muy mal a José Luis Sanz en cuestiones de patrimonio histórico. Primero fue aquella ridiculez del “Louvre sevillano” y ahora, de repente, se nos descuelga con la ocurrencia de cobrar por entrar en la Plaza de España a todos aquellos que no tienen la bendición divina de vivir en la ciudad de Sevilla. ¿Se imaginan que Rota quisiera cobrar a los hijos de Spal por bañarse en sus playas alegando los gastos que le provoca su limpieza y mantenimiento? Pues eso.
El alcalde Sanz tiene ya una dilatada experiencia política, pero parece no haber aprendido algo muy importante: uno manda solo en su casa (y cuando le dejan). Las comunidades de vecinos, sin embargo, requieren de acuerdos. Y la Plaza de España es una de ellas. Del foso de las barquitas hacia adentro es del Ayuntamiento. Hacia afuera, sin embargo, es de la Administración Central (eso que equivocadamente llamamos Estado). Es decir, cualquier decisión que afecte al conjunto monumental debe contar con el acuerdo entre los dos propietarios. ¿Por qué, entonces, el primer edil anuncia a bombo y platillo un proyecto sobre el que no tiene la última palabra? Es un gran misterio. Este mismo lunes el Gobierno central se encargó de pinchar el globo sonda de una Plaza de España de pago. Como decíamos, alguien está asesorando muy mal a José Luis Sanz en estos asuntos. El problema lo tiene dentro, no en una prensa que lo único que intenta es hacer su trabajo.
Iremos más allá. Aunque la plaza entera fuese propiedad del Ayuntamiento, la idea de convertirla en un espacio de pago es un disparate. Las ciudades modernas se construyeron derribando las barreras internas, los puntos de control y peaje, como antiguamente hubo en la Judería, la Morería o el Barrio de la orden de San Juan de Acre (todos en el interior de Sevilla). Cualquier impedimento al libre acceso de los ciudadanos a los espacios públicos es un gravísimo retroceso. Además, la Plaza en cuestión se construyó con el esfuerzo de todos los españoles, no sólo de los sevillanos. No es nuestra, es de la nación, como lo son El Prado o el Congreso. Habría que evaluar, también, el impacto patrimonial de la infraestructura necesaria para el proyecto (rejas, quioscos de venta de entradas...), así como las graves molestias para la movilidad de los ciudadanos. ¿Se ha parado a pensar el alcalde que muchos usan la Avenida de Isabel la Católica –incluida en el proyecto– como vía de acceso o salida del centro en dirección sur? Me limitaré a reproducir el mensaje que recibí de un conocido profesional: “Parece que nos quieren fastidiar el paseo de casa al trabajo. El tuyo a tu periódico y el mío hasta la oficina... Vaya tela con el Sanz”. Pero tela.
