Tras ocho meses de mandato del que muy pocas actuaciones se pueden resaltar, para bien o para mal, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha conseguido esta semana una efímera proyección nacional con la idea de cobrar a los turistas para entrar en la Plaza de España, uno de los lugares más emblemáticos de la capital andaluza, y obligar a los sevillanos a identificarse para acceder al recinto. La ocurrencia, pues no de otra forma cabe calificar el plan, ha cosechado un amplio rechazo de la práctica totalidad de los sectores afectados. Además, el Gobierno central, que es propietario de las sedes administrativas que se ubican en la plaza, ha rechazado tajantemente la posibilidad, mientras que el Ejército, que ocupa la Capitanía General, guarda, como es habitual en él, un prudente silencio. Es lo que pasa cuando, sin duda mal aconsejado y sin haber medido los efectos, se compra mercancía averiada. Quizás deslumbrado por los cantos de sirena de pretendidos amigos y los oropeles de las fotos y las portadas, el alcalde se ha lanzado a una piscina que no tenía agua. Cerrar a los visitantes una plaza que constituye un lugar de paso en el principal parque de la ciudad carece de sentido e incluso habría que ver su encaje normativo. Hacer que los sevillanos guarden cola para entrar en un espacio que forma parte de la memoria sentimental de todas las generaciones es, sencillamente, un disparate. Tampoco se sostiene la justificación de recaudar dinero para asegurar su mantenimiento y combatir el vandalismo. La conservación de un bien patrimonial de la importancia de la Plaza de España tiene que estar garantizada más allá de que pocas o muchas personas se acerquen a visitarla. Lo que sí necesita el recinto símbolo de la Exposición de 1929 es un plan de uso riguroso que impida que se convierta en escenario permanente de eventos y espectáculos que la sustraen al disfrute de turistas y locales. Póngase a ello el alcalde y olvídese de fantasías que no van a ningún sitio.