La comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento, la semana pasada, resultó sin duda decepcionante por la ausencia de novedades. La sanidad es el principal problema que afronta en la presente legislatura el Gobierno de Juanma Moreno. El incremento de las listas de espera tanto quirúrgicas como para conseguir cita para el especialista eleva a más del millón el número de pacientes andaluces pendientes de una solución. Ante este panorama, Catalina García insistió en culpar de las carencias actuales a la pandemia, a la falta de facultativos y a la herencia recibida. Y persistió al asegurar que el sistema sanitario “funciona” y que el desajuste se debe al crecimiento de la demanda asistencial. Argumentos reiterativos que esconden la impotencia para afrontar este problema. Las recetas que propuso tampoco aventuran un punto de inflexión: apertura de quirófanos por la tarde y en días festivos, más horas extras y conciertos con privados. Sus predecesores también lo intentaron con escaso éxito. El sistema de salud en Andalucía exigiría un debate en profundidad para analizar sus carencias y plantear alternativas a medio y largo plazo. También sería necesaria una auditoría interna sobre el funcionamiento del SAS, una institución que gestiona la mayor parte de los 14.000 millones que Andalucía destina a sanidad y consumo. Resulta prioritario detectar cómo se pueden optimizar los recursos y atajar posibles malas prácticas que penalizan a la Administración. Inyectar más dinero sin un diagnóstico certero de las necesidades y alternativas sería absurdo. Es difícil que cualquiera de estas fórmulas prosperen si los partidos de la oposición, como en su día también practicó el PP antes de alcanzar el poder, contemplan la salud de los andaluces como el factor determinante para rentabilizar el desgaste que sufre el Ejecutivo andaluz. Pero la Junta también debe asumir que las tiritas no son útiles para taponar una hemorragia.